El Caso Negreira, uno de los capítulos más feos de la historia centenaria del fútbol español, vive cada día un nuevo capítulo. Es difícil que pase una jornada sin alguna declaración, una filtración sobre el proceso, nuevos implicados, o incluso nuevos imputados, como acaba de suceder con el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien ha pasado a la lista de los que pudieran ser sancionados.
El juez del caso, Joaquín Aguirre, decidió imputar al actual mandatario azulgrana por su implicación en los pagos a José María Enríquez Negreira, entre 2008 y 2010, durante su primer mandato al frente de la institución. Laporta no será el únco investigado, porque el magistrado incluyó en la misma a la junta directiva que lo acompañó entonces, la misma que aprobó cuadruplicar los emolumentos del ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).
Con este paso, el juez Aguirre dejó a un lado la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que había desestimado denunciar a Laporta por los 7.3 millones de euros que se le pagaron a Enríquez Negreira en el tiempo que fungió como segundo del CTA, entre los años 2001 y 2018. Para Anticorrupción, los supuesto delitos de Laporta ya habían prescrito por haber sobrepasado los 10 años desde su comisión.
LAS POSIBLES PENAS PARA LAPORTA
Según el juez, lo que arrojó la investigación hasta el momento puede constituir un delito de cohecho continuado, que no ha prescrito aún, según el Código Penal, pero los abogados del Barcelona y los de Laporta, en lo personal, insisten en que Enríquez Negreira no era un funcionario público, razón por la cual hay que descartar lo del cohecho, que consiste en sobornar a un juez o a un funcionario público.
Para Aguirre, esos 10 años de prescripción para el referido delito, se contaría solo a partir del momento en que se hizo el último pago, el 17 de julio de 2018, precisamente después de que José María Enríquez Negreira hubiera dejado de ser el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por decisión del presidente del Barcelona por entonces, Josep María Bartomeu, otro de los imputados.
Por cohecho, a Laporta le pueden caer penas de prisión que irían de tres a seis años de privación de libertad, multas que podría pagar en plazos de 12 a 24 meses, e inhabilitaciones para desempeñar empleos o cargos públicos, incluso para ejercer el derecho al sufragio por un tiempo de nueve a 12 años. En el caso del actual mandatario blaugrana, se trataría de cohecho activo.
El cohecho activo es el cometido por el particular que intenta corromper, o corrompe, al funcionario público, que en este caso sería Enríquez Negreira, con presentes, ofrecimientos, promesas o dádivas, en tanto el cohecho pasivo relaciona a aquel que recibe, acepta o solicita el soborno. En el primero de los casos están imputados también el resto de los presidentes del Barcelona en ese tiempo y algunos miembros de las respectivas juntas directivas.
De cualquier manera, la imputación, aunque crea más ruido alrededor del club, porque implica al presidente en funciones, forma parte de todo el proceso de investigación, en el que también aparece involucrada la propia institución, que, en cualquier caso, pudiera ser la más perjudicada de todos, porque podría llevarse una sanción ejemplificante, que no siempre tendría que ser económica.
ANTECEDENTES DEL CASO NEGREIRA
El Caso Negreira estalló a principios de año a raíz de una investigación de Hacienda española por unos supuestos impagos de empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, correspondiente al tiempo en que el otrora árbitro se desempeñaba como vicepresidente del CTA, y era el encargado de decidir sobre los oficiales que actuarían en los partidos de Liga, Copa del Rey, y en las promociones.
Aunque Negreira dijo, en su primera declaración, que el Barcelona le pagaba solo para lograr equidad en el trato de los árbitros, por supuestos privilegios que tenía el Real Madrid, luego fueron apareciendo otras versiones, incluso el propio club catalán intentó presentarse como perjudicado, pero el juez del caso lo rechazó y lo mantuvo como imputado.
Como perjudicados aparece la Liga, que representa al resto de los clubes de Primera y Segunda divisiones, y el Real Madrid, que decidió presentarse a título individual, lo mismo que el exárbitro Estrada Fernández. En todo ese tiempo, algunos clubes tomaron posturas contra el Barcelona, entre ellos uno de los más cercanos de siempre, el Sevilla, cuya directiva se negó a acudir al palco del Estadio Olímpico de Montjuic durante el último partido entre ambos.
También hubo comunicados de prensa de más de una institución, aunque los organismos rectores del fútbol a nivel internacional aún no se han pronunciado y han permitido al Barcelona seguir compitiendo sin advertir sobre si lo sancionará o no. La UEFA, por ejemplo, esperará a que concluya la pesquisa judicial en camino para determinar qué posición tomar.
El Caso Negreira y todo lo relacionado con él constituyen unos de los mayores escándalos en los que se ha visto envuelto el fútbol en los últimos años y ha dejado mal parado el FC Barcelona, que intenta, a toda costa, quitarse el golpe de arriba y aparecer como víctima, pero tendría que dar un giro muy brusco todo para que así fuera, aunque no se pueda demostrar jamás que se sobornaron árbitros, porque el solo hecho de pagar al segundo jefe del colectivo arbitral constituye un delito, según los analistas.